El túnel del tiempo. Historia de Zalamea la Real: 1888. Año de los Humos. Año de los Tiros.

Desde la llegada de la compañía inglesa a Riotinto, el método de extracción del mineral a través de la técnica de fundición por teleras fue degradando medioambientalmente el término hasta cotas irreversibles. Desde inicios del XIX la explotación de los enclaves mineros había ido mermando el medio natural de la zona, sobre todo a través de la tala masiva de árboles, agravándose durante la gestión del Marqués de Remisa. La evolución del proceso de fundición y el método extremadamente contaminante de las teleras provocaron la indignación de la población, que veía cómo su salud se iba degradando día a día, y cómo sus campos perdían sus garantías agrícolas. Los ingleses usaron la cementación artificial o calcinaciones al aire libre para obtener el cobre, método iniciado ya en tiempos de Remisa. La técnica se basaba en la colocación de grandes montones de mineral, haciendo una montaña, sobre ramajes secos –estructuras conocidas como teleras-. Se les prendía fuego, y se mantenían encendidas de seis a doce meses, desprendiendo diariamente hasta 500 Tm. de gases sulfurosos al día. El humo formaba una gran nube tóxica conocida como “manta”. Posteriormente, una vez terminada la combustión, se procedía al lavado con las aguas agrias de la mina hasta precipitar el cobre puro. Las continuadas quejas de los agricultores de la zona contra el uso de las teleras, no dejaban de señalar que los humos de las calcinaciones afectaban a los cultivos y al ganado, y sobre todo, a la salud de las personas. Éstos habían formado la llamada Liga Antihumista, liderada por el terrateniente de Higuera de la Sierra, José Ordóñez Rincón. Éste, a la postre, era yerno del gran hacendado zalameño, José Lorenzo Serrano, lo que colocaría a Zalamea la Real a la cabeza de las reivindicaciones contra las calcinaciones.

Las demandas llegaron a oídos de las altas estancias del Estado, que no dudaron en zanjar la cuestión de los humos, aunque de una manera completamente parcial. En 1877 los 17 pueblos afectados por las calcinaciones elevaron su queja al Gobierno de la nación. Se nombraría una Comisión formada por el Ingeniero de Minas Federico de Botella de Hornos, el Ingeniero de Montes Urregola y el agrónomo Azcárate, director de la Estación de Patología Vegetal de Madrid. Tras estudiar la situación in situ, y escuchar las versiones de los vecinos y de la todopoderosa RTC, redactaron las conclusiones junto a la Junta Superior Facultativa de Minería y el Consejo de Estado. El poder económico de la RTC era insuperable y sus postulados, la defensa del sistema de calcinaciones, fueron respetados por encima de los clamores continuados de los vecinos de las cuencas mineras de Riotinto y Tharsis. El 22 de Julio de 1879 se dictaba una Real Orden que ahogaba las pretensiones de éstos últimos: “...demostrado que los humos no son perjudiciales á la salud pública, como lo demuestra el notable crecimiento de la población de la comarca en los últimos años [...] entre dos industrias que han llegado á ser incompatibles en una región, hay que optar por la más importante, si bien imponiéndole la obligación de indemnizar debidamente á la otra. En esa parte de la provincia de Huelva [...] la industria más importante y que ha dado la riqueza al país es la industria minera. Los establecimientos de Tharsis y Río Tinto, contribuyen á los gastos del Estado y de la provincia con 1.433.594 pesetas anuales, y los 17 pueblos que comprende dicha parte, pagan por el concepto de inmuebles 307.438 pesetas al año, de manera que las referidas dos Empresas satisfacen por sí solas más de un millón de pesetas más al año que toda la industria agrícola [...] á esto se añade que los tres establecimientos mineros á que se refiere el expediente, sostienen unos 8.000 trabajadores[...]se han abierto tres vías férreas que ponen en comunicación los grandes centros de la provincia con la capital y con el mar, y se ha construido un magnífico embarcadero en el puerto de Huelva, antes desierto de buques y hoy muy concurrido,[...]”.

La opción más plausible para la RTC y para el propio Estado -ya hemos visto, la industria minera le era muy rentable, aunque esa rentabilidad se procesara en detrimento de la población-, era la de declarar de utilidad pública las propias calcinaciones. De este modo se indicaba “que no cabe prohibir ni limitar la calcinación al aire libre, porque ni lo pide la conveniencia, según queda demostrado, ni lo autoriza la legislación vigente[...]ni podría imponerse dicha prohibición á la Compañía Río Tinto sin exponerse á una petición de rescisión del contrato de compra al Estado de sus minas ó de indemnización de perjuicios [...] lo único que procede es buscar un medio práctico de hacer efectivo el resarcimiento de los daños que la industria minera cause á la agrícola [...]Este medio no es otro que el de declarar de utilidad pública el sistema que actualmente emplean las Empresas de la provincia de Huelva para beneficiar los minerales de cobre, á fin de que expropien las fincas perjudicadas por los humos de las calcinaciones [...]”. Para este hecho se procedió a dividir la comarca en 4 zonas. La primera y la segunda, denominadas arrasada y muy influida, serían las que se favorecerían con alguna indemnización. Las zonas tercera y cuarta, aunque destruidas por el influjo de los humos, la Comisión indicó no poder demostrar la influencia del anhídrido sulfuroso sobre los cultivos, por lo que quedaron sin compensación alguna.

José Lorenzo Serrano

El 14 de enero de 1880 las Cortes declaraban de utilidad pública las calcinaciones al aire libre y se ratificaba el 22 de julio. Un auténtico varapalo para una población hastiada de sufrir las consecuencias insalubres de los métodos colonialistas -en Gran Bretaña estaban prohibidas desde hacía tiempo-. Durante más de seis años no se atendió ninguna demanda de los agricultores. El día 10 de enero de 1887, el concejal Francisco Serrano González ponía en conocimiento de la Corporación las quejas de un nutrido grupo de vecinos alarmados por el incremento de los daños producidos en la agricultura “por los humos de las calcinaciones cobrizas al aire libre de los establecimientos mineros de Riotinto y Los Silos…”. La queja lamentaba la excesiva frecuencia con la que las nubes de humo cubrían el entorno, sobre todo por las noches, “lo cual, como es sabido, perjudica tanto a la salud, con especialidad a los que padecen de afecciones del pecho y de la vista…”. La Corporación delegaba en el concejal Serrano González la tarea de comunicar por escrito al Gobernador Civil de la Provincia las penurias insalubres por las que estaba pasando la población de Zalamea – y por extensión de toda la Cuenca Minera- para dar una solución al problema. El día 2 de febrero de 1887 se reunían en el palacio de la Diputación Provincial los comisionados de los pueblos afectados por las calcinaciones, con el objetivo de encontrar una solución ante el grave problema de salud. Se llegó al acuerdo de elevar a las Cortes una somera descripción de lo que ocurría en la zona para demandar una ley que impidiera los daños ocasionados, a la vez que intentara conciliar los intereses agrícolas con los de las empresas mineras, “… y como sea este pueblo uno o el que mayores perjuicios está sufriendo por los maléficos efectos de dichos gases claro es que ha de ser también el más principalmente obligado a dirigir la entredicha reclamación...”. El notario José Natalio Cornejo sería el elegido para llevar a cabo las gestiones y para elaborar la demanda.

Las quejas se fueron incrementando con el paso de las semanas a tenor del aumento de las calcinaciones. Indignado por la pasividad de las autoridades provinciales y nacionales, el Alcalde José González Domínguez, ante la desesperación de los vecinos, tomó en el mes de junio la decisión, ratificada unánimemente por el pleno, de “prohibir en absoluto la calcinación de minerales al aire libre en las minas que radican en este término dando de plazo cinco meses para la conclusión de las que hoy existan, y siendo una de ellas la denominada Poderosa en donde en la actualidad se efectúa tan perjudicial procedimiento…”. El Administrador representante de dicha mina, Antonio de Sardi y Muñoz, quedaba enterado de la disposición municipal. El problema es que el mayor volumen de elementos contaminantes lanzados al aire venía de las calcinaciones de las minas de Riotinto, donde la ejecución del acuerdo municipal no tenía efectos. La dirección de Mina Poderosa hizo oídos sordos al expediente del ayuntamiento. En diciembre, pasado el plazo otorgado en primera instancia, se hizo saber al Director del establecimiento minero, Diego Bull y Wert, que en el plazo de un las calcinaciones debían de estar totalmente desmanteladas.
A inicios de enero de 1888 los frentes protagonizados por el problema de los humos se ampliaban. En esta ocasión el pleno del ayuntamiento se hacía eco de las continuas quejas de los vecinos de la aldea de El Villar por los daños causados por los humos de las calcinaciones en las minas de Cueva de la Mora y San Miguel, del término de Almonaster la Real.

Una R.O. de 16 de diciembre de 1887 permitía a los ayuntamientos afectados suprimir en sus términos las calcinaciones al aire libre. La gran mayoría la ejecutó, haciendo patente el descontento del vecindario por la merma de la salud y de los cultivos. Pero los ayuntamientos de Minas de Riotinto y Nerva no llevaron a efecto el permiso, protegiendo el sistema de teleras en sus respectivos términos. Por este hecho, en la mañana del día 24 de enero de 1888, más de 200 obreros de las minas se apostaban pacíficamente a las puertas de las Casas Capitulares de Zalamea “… que protestaban por los acuerdos tomados por los Ayuntamientos de Riotinto y Nerva por haber negado la prohibición de calcinaciones al aire libre […] suplicando asimismo a esta Corporación se comunicara por telegrama al Gobierno de S.M. se dignara resolver pronto la cuestión pendiente por no serles posible continuar trabajando en dicho establecimiento por ser mucha la afluencia de gases sulfurosos que despiden las teleras…”. El secretario levantó acta de todo lo acontecido en la mañana y acto seguido se envió un telegrama al Ministro de Gobernación y al Gobernador Civil de la provincia exponiendo las demandas de los obreros.

El 1 de febrero se volvían a concentrar en las puertas del ayuntamiento, a las 2 de la tarde, unos 1.500 obreros de las minas, en representación de otros 4.000. Indicaban que se habían presentado al ayuntamiento de Riotinto para solicitarles la eliminación de las teleras por el bien de la salud de los habitantes de la cuenca, “evitando así el tener que lamentar desgracias personales como las ocurridas en las personas de Juan Muñiz, Gil Márquez, Felipe Morueta, Gabriela García Artin y otros muchos mas cuyos nombres no recuerdan los firmantes”. Junto a ello, los mineros hacían patentes otras reivindicaciones de carácter laboral: la supresión de la peseta para prescripción facultativa; la supresión de las 2,5 pesetas que se le descuenta al operario por extravío involuntario de la libreta en la que se anotaban los anticipos; la reducción de doce hors de trabajo por la de nueve; la prohibición de los contratos en los trabajos de las minas; el relevo del jefe de dicho departamento; la supresión de las multas; y la supresión de los cuartos y medios jornales que se descuentan por las mantas de humos. La llegada a la mina en 1883 de Maximiliano Tornet, ciudadano de origen cubano y de clara filiación anarquista había potenciado la movilización obrera en busca de mejoras en el trabajo. De ahí que las reivindicaciones contra el uso de las teleras se complementaron con demandas laborales. A partir de entonces los acontecimientos se fueron sucediendo con rapidez. En la madrugada del tres de febrero grupos de hombres recorrían las calles del pueblo gritando “abajo los humos” intentando recavar manifestantes para unirse a los de Minas de Riotinto, haciendo extensiva la búsqueda de apoyos en las aldeas del término. La Corporación, temiendo actos que alteraran el orden público, quedo constituida de forma permanente hasta las tres de la mañana, en que los ánimos parecían apaciguados.

El día 4 de febrero de 1888 se llevaría a cabo la manifestación de todos los vecinos de la Cuenca que, a la postre, derivó en la matanza de más de 200 personas, como sostienen los datos populares, frente a los oficiales que tan solo hablaban de 14 muertos. Fuera una u otra la cifra, la cuestión es que se produjeron muertes por las cargas indiscriminadas del Regimiento de Pavía que se había desplazado a Minas de Riotinto ante el desarrollo de los acontecimientos. Siguiendo a Ferrero Blanco, las teorías sobre una manifestación pacífica encuentra varias versiones. Si nos acercamos a las crónicas del el diario La Provincia, muy cercano a las posturas de la RTC, el argumento que ofrece es el de una manifestación violenta fruto de las protestas de una masa enfervorizada. En la Carta a un amigo imparcial publicado en el citado diario se dice: “Pretender que aquello que de Zalamea vino era una manifestación pacífica es desconocer la monstruosa violencia que intentó ese municipio. Disfrazar lo ocurrido es proceder de mala fe, lo que es, después de todo, completamente estéril ya que puede comprobarse si se publica el telegrama que el Alcalde de Zalamea puso al Gobernador de Huelva y el del señor Jefe de Tráfico de Buitrón. También de viva voz nos lo manifestaron así el Sr. Alcalde, D. Lorenzo Serrano y otros que aseguraron venir arrastrados, y que afirmaron no poder contener aquella masa desbordada y mostrarse víctimas de ellas e impotentes para contenerlas”. La carta del Alcalde de Zalamea al Gobernador indicaba la pretensión de los manifestantes al invadir las Casas Capitulares y obligar a los ediles a presidir la marcha “para ir a las minas a destruir teleras”. Publicada de nuevo en La Provincia, los directivos de la RTC usaron este diario para justificar sus actos promoviendo una imagen violenta de los manifestantes. La visión violenta de la manifestación la encontramos también en la obra de David Avery Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria, teniendo en cuenta la cercanía del autor británico a las posturas de la RTC.

La versión contraria, y presumiblemente la que se acerca a la realidad de los acontecimientos, es la ofrecida por el periodista José Nogales en La Coalición Republicana: “Salen de Zalamea el día 4 a las 10 de la mañana, invitando a las autoridades para que formasen parte de la comisión que les habría de representar ante el Municipio de Riotinto. Se pusieron en marcha un número incalculable de hombres, mujeres y niños. Puede decirse que en Zalamea no quedaron más de 100 personas y éstas por enfermedad o atenciones perentorias que a ello las obligaban. Era un espectáculo en alto grado conmovedor el que representaba aquella muchedumbre que, ordenada y pacíficamente, atravesaba los caminos de la Sierra como en peregrinación, para exponer sus quejas y hacer evidente su ruina demandando un acuerdo. Nadie llevaba armas ¿para qué? Iban a pedir y como prueba de sus intenciones llevaban a sus mujeres y a sus hijos. Si su actitud y sus propósitos hubieran sido amenazadores no habrían puesto ante las balas de los soldados a esos inocentes seres... entraron en la población a los gritos de ¡Viva la agricultura! ¡Abajo los humos! ¡Viva el orden público!”. La visión de Nogales, la que enfatiza el valor pacífico de la manifestación del 4 de febrero de 1888, será defendida por otras muchas editoriales, como los diarios El Reformista o El Cronista de Sevilla, donde ensalzan esta característica. Y el mismo Romero Robledo, que en sus discursos parlamentarios refería el carácter pacifico de la marcha, donde se veló en todo momento por preservar el orden público.

Como es sabido, el día 4 de febrero de 1888 saldría de Zalamea la Real una manifestación pacífica, adornada con la banda de música de la localidad, donde asistían familias completas –mujeres y niños incluidos- . A la cabeza irían José Ordóñez rincón y su suegro, el zalameño José Lorenzo Serrano, como líderes de la Liga Antihumista y en calidad de grandes terratenientes; y el alcalde de Zalamea, José González Domínguez. El testimonio del concejal Juan López Delgado, nos sirve para describir los hechos ocurridos a partir del 3 de febrero de 1888: “Que siendo las diez o las 11 de la noche del día 3 del corriente y estando en casa de José Tatay Gil se oyeron voces de viva la agricultura abajo los humos […] vi a muchos hombres al parecer embozados que se acercaron a mi y me dijeron, vénganse V. con nosotros; les pregunté si era alguna manifestación y de donde eran; respondieron muchos a un tiempo labradores honrados que en una manifestación pacifica y en uso de nuestro perfectísimo derecho pedimos que nos quiten los humos […] mas considerando que estas manifestaciones son lícitas y consentidas por nuestra constitución no tuve inconveniente y por temor a que me increparan unirme a ellos aprovechar una ocasión para irme a mi casa a dormir como lo hice al poco tiempo. Ahora bien con respecto al día cuatro por la mañana y levantándome como de costumbre tarde a las diez aproximadamente de la misma me encontré la calle de la plaza de donde soy vecino llena de hombres mugeres y niños y oyendo tocar la música de la población, se me aproximaron un sin numero de aldeanos y me obligan unirme a ellos […] tomaron los manifestantes el camino de Minas de Riotinto con objeto de pedir al Ayuntamiento suprimiera las calcinaciones al aire libre enclavada en su término municipal […] Del orden que es requisito indispensable para consentir cualquier manifestación solo diré que fue admirable como lo prueba el hecho elocuentísimo de las diferentes personas de ambos sexos que la conferían y las muchísimas veces que les ohí, varios gritos como salidos del corazón diciendo viva el orden publico”. Juan López indica cómo la marcha estaba resultando pacífica hasta llegar cerca de El Valle, cuando un nutrido grupo de obreros se acercó a la manifestación que había salido de Zalamea. En aquel momento parece que el temor ante la provocación de algún tipo de desorden envolvió a los manifestantes. Muchos de ellos, entre los que se encontraba el mismo Juan López comenzaron a decir “paisanos no nos unamos a aquella gente que no sabemos con que objeto vienen”. La incertidumbre también envolvía al grupo salido desde Nerva. Ambos conjuntos nombraron unas comisiones para plantear cuál sería el objetivo común de la manifestación al llegar a las puertas del Ayuntamiento de Riotinto. Los obreros defendían, como los habitantes de Zalamea, la supresión de las calcinaciones al aire libre, junto a otras manifestaciones de carácter laboral como la reducción de dos o tres horas en la jornada de trabajo y la eliminación de la “peseta de médico”. Las dos comisiones decidieron ir juntas al ayuntamiento, teniendo en cuenta su objetivo común, no sin antes indicar a los manifestantes que esperaran al resultado de la reunión en El Valle y que no llevaran a cabo ningún acto que alterara el orden público. Al llegar a Riotinto, “al entrar por la calle Saenz se nos acercó un digno teniente de la Guardia Civil y comprendiendo la comisión que dicho señor venía quizás a recomendarnos el orden, se dio un grito de viva el orden publico”. Parece ser que, en vista de las continuas llamadas al orden y a la tranquilidad, el ambiente se estaba perturbando por momentos. La contención de los manifestantes en la zona de El Valle, alejados del lugar de reunión, no era más que una medida para no enrarecer más aún el ambiente. La comisión de manifestantes entró al Ayuntamiento de Riotinto, en cuya sala de sesiones esperaban los miembros del Consistorio. Las negociaciones no tardaron en llegar. En nombre “de ocho o catorce mil individuos de Zalamea y obreros de la mina…” se solicitó tanto las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, como la de los mineros –que debían ser trasladadas al Director de la empresa minera-, teniendo como eje central e innegociable la supresión de las calcinaciones. El consistorio minero replicó que la decisión sobre las calcinaciones ya había sido tomada, y que respecto a las peticiones de los mineros, trasladarían las quejas a la dirección de la mina. La comisión volvió a describir el grave daño que estaban produciendo las teleras en el medio ambiente y en la salud de los habitantes de la zona, por lo que reiteraron su eliminación, instando al pleno a que se reuniera para aplicar la legislación de la Real Orden de 16 de diciembre de 1887. Reunido éste, en privado – no permitieron la asistencia de la comisión que representaba a los vecinos-. Mientras tanto, los manifestantes habían llegado hasta las puertas del ayuntamiento, donde la tensión iba en aumento. Tanto es así, que ante la impaciencia de algunos de los presentes hubo de salir un municipal a indicar que a la reunión no le quedaban más de cinco minutos.

En este ambiente de tensión, el Gobernador de la provincia, Agustín Bravo y Joven, llegó al lugar, siendo recibido entre aplausos por la multitud. Antes de conocerse la deliberación del pleno, subió a la sala de reuniones y mandó llamar a la comisión de Zalamea. De nuevo se le expusieron las quejas, a lo que respondió diciendo que las decisiones que se debían tomar no eran competencia de los ayuntamientos, sino del gobierno, y que se fueran con los manifestantes “porque tenía fuerzas suficientes para retirarlas”. Pidió al Consistorio de Riotinto tomar algún acuerdo, puesto que si en algún caso lo hacía, sería revocado –como lo había hecho en Alosno-. Argumentaba que las decisiones tomadas no serían libres debido a la presión que se estaba ejerciendo por parte de los manifestantes.

La comisión de nuevo instó al respeto de la legalidad y a la Real Orden citada, a lo que el Gobernador hizo oídos sordos. La comisión zalameña, al ver la indolencia de éste ante las solicitudes en defensa de la salud, buscó desesperadamente una respuesta positiva de la autoridad, “...y entonces empezamos con las súplicas, implorando la caridad y la palabra de Dios; le derramamos lágrimas y tampoco pudimos conseguir nada...”. Entonces el gobernador salió al balcón donde explicó todo lo que allí había ocurrido, las decisiones que se habían tomado y la disposición a no contemplar ninguna de las reivindicaciones de los manifestantes. Las declaraciones encresparon aún más a la masa, mientras se les instaba a que se disolvieran con la amenaza de actuar con la fuerza pública. El gobernador llamó al Teniente Coronel del Regimiento de Pavía, jefe de la fuerza que había llegado para contener a los manifestantes, reiterando desde el balcón la necesidad de que los vecinos se fueran retirando de la plaza, indicando que tenía bajo su mando a bastantes fuerzas. Pero en ese momento “… hubo un imprudente cuya voz salió de la hacera izquierda y pronunció las palabras nosotros también la tenemos…”. De repente se oyó un disparo y acto seguido el regimiento comenzó a tirotear indiscriminadamente contra la gente allí reunida. El desarrollo de los minutos posteriores, descritos en innumerables publicaciones, sumió a los manifestantes en el caos. Las calles se llenaron de heridos y muertos.

El 5 de febrero, un día después de la manifestación, el pleno del ayuntamiento abría la sesión lamentándose de los acontecimientos ocurridos el día anterior, ofreciendo todo el apoyo a las familias de las víctimas de tan luctuoso acontecimiento. Se abrió una suscripción para aportar dinero para ayudar a los familiares de los asesinados, aportando el propio consistorio 100 pesetas como cifra inicial.

A finales de mes, consecuencia quizás de los acontecimientos desarrollados el día 4, se daba cuenta de un Real Decreto con fecha de 29 de febrero dónde, de forma gradual, se prohibían las calcinaciones cobrizas al aire libre, “…por cuya resolución ha venido gestionando por espacio de unos diez años, lo mismo este pueblo que los demás de la extensa comarca a que alcanzan los daños de los humos procedentes de dichas calcinaciones…”. La resolución llegaba muy tarde, teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, pero además, la resolución no acabaría con el proceso de fundición hasta algunos años después. No obstante, y ante la gran noticia, el Ayuntamiento “haciéndose fiel intérprete de los sentimientos de este vecindario, que con indescriptible regocijo ha acogido tan bienhechora como por tanto siempre deseada resolución…” acordaba felicitar en nombre de la población al Ministro de la Gobernación, José Luís Albareda. La Corporación, en este capítulo de gratitudes, quería ir más allá, por lo que se propuso declarar hijo adoptivo de la localidad al ministro, y además “... acordó que para con el transcurso de los tiempos no se borrara el grato recuerdo, cariño y consideración que a tan ilustre patricio debe esta localidad de nominará de ALBAREDA a la nueva calle que se está formando a partir de la fuente pública del Fresno a la calle Cruz por ser aquella la de más transito, la más ancha y de formas más regulares que todas las demás de esta citada villa…” -hoy en día, tras varios cambio en el nomenclátor del callejero, este nombre ha desaparecido-. Asimismo se decidió, ante la noticia de la posible venida de Albareda a la feria de Sevilla, constituir una comisión para hacerle entrega personalmente del testimonio de los acuerdos anteriormente expuestos.

En el mismo pleno se recogía la gratitud hacia el Conde de Gomar y Juan Talero, diputado éste último del Partido Liberal, que defendió en las Cortes los intereses de los antihumistas, por sus gestiones en el gobierno para llevar a cabo las pretensiones de los pueblos afectados por las calcinaciones. El acta municipal indicaba el enorme agradecimiento hacia los dos, “ya que no hay un solo habitante ni en el casco ni en la más escondida aldea de esta villa que no se la conserve desde lo más íntimo de su corazón…”. A ambos se les declaraba a su vez hijos adoptivos, y se les otorgaba un lugar en el callejero zalameño: la Plaza que daba inicio a la calle de la Cruz se denominaría Plaza de Talero; y a la calle denominada de Tejada se llamaría Conde de Gomar -además de ser la calle donde se encontraban las escuelas, a las que este diputado había contribuido con sus gestiones a su auxilio económico- .

Otros dos personajes quedarían dentro de la nómina de agradecimientos en el llamado asunto de “Los Humos de Huelva”: Alfredo Madrid Dávila, que realizó el informe condenatorio de las consecuencias insalubres derivadas de las calcinaciones; y Cándido Martínez, Consejero de Estado que había conseguido declarar a los Ayuntamientos competentes para prohibir las teleras en sus términos. Ellos también tendrían un hueco en el callejero, “… acordando asimismo figure desde esta fecha en adelante con el nombre de Madrid Dávila la calle que al terminar la Real sigue en dirección hasta la de Fontanilla y a ésta de Don Cándido Martínez, cuyas calles son de las de más tránsito y céntricas de esta villa…”.

Posteriormente, el día 27 de mayo se daba cuenta del fallecimiento de Juan Talero, y se acordó que el Alcalde y el Secretario se trasladaran a Sevilla a expresar su pésame a la familia del diputado. En la localidad, costeadas por los fondos municipales de la villa, se celebrarían honras fúnebres por él. Dos años después, el 20 de mayo de 1890 se inauguraba un monumento dedicado a su figura en la Plaza que llevaba su nombre. Al evento asistió el hermano del diputado, el Teniente de Navío Román Talero. En el acto, cargado de emoción, “…que tal ceremonia produjera a la inmensa concurrencia así de vecinos como de forasteros que la presenciaba, que frecuentemente se veían ojos arrasados en lágrimas…”, se dieron cita, interviniendo con sus discursos, el periodista José Nogales y el Diputado Provincial José María Ordóñez Rincón. Además se leyó una carta excusando la ausencia del entonces embajador en Londres, José Luís Albareda donde se lamentaba “que la distancia que me separa de esa y asuntos oficiales que no puedo abandonar en estos momentos me impidan ir a presenciar la inauguración y descubrimiento del busto del malogrado Don Juan Talero como Vds. Deseaban”. Albareda señalaba en su carta la confianza en que el Gobierno de la nación sostendría el decreto sobre las calcinaciones, a la vez que mostraba su tristeza por los acontecimientos que se habían desarrollado el 4 de febrero de 1888 diciendo que “...si con mi propia sangre pudiera resucitar las víctimas y enjugar las lágrimas vertidas, con mano vigorosa la sacaría de mis venas. Sírvales amigos míos, aquel hecho de ejemplo, y cuídense de no poner a las autoridades jamás en trance análogo...”.

La Real Orden de 1888 no se acató a rajatabla por parte de la compañía minera. Tal es el caso que la Liga Antihumista siguió trabajando en pos de la eliminación total de los humos más allá de la fecha indicada. En el mes de octubre de 1890 la Liga elegía al secretario del Ayuntamiento de Zalamea, Francisco Serrano Cornejo, para desplazarse a Madrid por espacio de quince o veinte días, exponer ante la reina los hechos y solicitar que se cumpliera íntegramente la legislación al respecto. A pesar de la legislación leyes aprobadas tras los sucesos de 1888, las teleras siguieron manteniendo su actividad durante algún tiempo. Ejemplo de ello es la denuncia realizada por una serie de vecinos el 25 de diciembre de 1891. Éstos se presentaron en un número de 40 ante el despacho del alcalde para exponer su indignación ante el humo de las teleras de los días anteriores. Iban a la cabeza de tal grupo José González Domínguez, Francisco Serrano Cornejo, Manuel López Castilla, José Manuel Lancha Pichardo, y Antonio Pérez de León Pérez de León.

Aunque la Real Orden de febrero de 1888 determinaba que el sistema de calcinaciones al aire libre debía desaparecer en un plazo máximo de 3 años, hasta 1907 no se apagó la última telera.

Vázquez Lazo, JM (2014): La provincia de Huelva. Historia de sus villas y ciudades. Zalamea la Rea. Diputación de Huelva.